Segunda vuelta y anulación
Por: José Antonio Crespo
La solución al conflicto poselectoral se ve bastante difícil. Al menos, una que sea más o menos satisfactoria, que no termine con el esfuerzo democrático que llevamos desplegando por años, y que permita al próximo presidente gobernar con suficiente legitimidad. Los dos bandos están montados en su macho. Cada uno esgrime sus propios argumentos, creíbles para una parte de la ciudadanía e inaceptables para la otra. Los datos e indicios no ayudan mucho a despejar la confusión; al contrario, la nutren. Sólo tiene una posición firme quien con fe religiosa quiere creer en ella; o elección impecable o macrofraude. Pero no siendo una cosa ni la otra, sino algo intermedio, el problema no se resuelve por lo cerrado del resultado. Meros errores humanos o técnicos, dice el PAN sobre el recuento del Tribunal, que no afectaron el resultado previo. Indicios claros de manipulación de paquetes y boletas, suficientes para haber modificado la voluntad ciudadana emitida en las urnas, dice el PRD.
Con tales anomalías, aunadas a las condiciones de inequidad detectadas durante el proceso (algunas exageradas por los quejosos, otras palpables) los perredistas jamás aceptarán un veredicto desfavorable en las actuales condiciones, así vertamos sobre ellos descalificativos, denuestos e insultos de todo tipo que no sirven más que para exacerbar el radicalismo. Se seguirán de frente, al parecer. Pero podría apostar 100 a uno a que lo mismo ocurriría en el otro bando si, por ejemplo, el Tribunal Electoral determinase anular suficientes casillas como para revertir el resultado, y nombrar presidente electo a Andrés López Obrador (eventualidad improbable, pero jurídicamente posible). ¿Qué harían los panistas y sus aliados? ¿Respetar ese dictamen del Tribunal sin chistar, tal y como se han comprometido hacerlo una y otra vez? No lo creo. Dirían que el Tribunal cedió al chantaje de los perredistas, que López Obrador recurrió una vez más a su radicalismo para arrebatar en las calles lo que no obtuvo en las urnas. Y que si el Tribunal se dejó chantajear por los amarillos, ellos (los panistas y compañía) de ninguna manera lo harán. Acto seguido, recurrirían a lo que fuese menester para impedir la asunción del perredista a la Presidencia. Varios años empeñados en ese propósito no serán dejados de lado así como así, sólo por un puñado de temerosos magistrados. Los testimonios de Carlos Ahumada divulgados la semana pasada, aunque emitidos en condiciones reprobables, no son descabellados, sino perfectamente congruentes con lo que sabemos del caso, así como con el episodio posterior del desafuero, ese sí presenciado por todos a la luz del día.
En otras palabras, quien quiera que sea declarado por el Tribunal como presidente electo, el conflicto probablemente continuará por fuera de la vía institucional (aunque desconocemos hasta dónde escalará). Se podrá apostar a que la movilización perredista se desinfle, que sus radicales queden gradualmente aislados y en creciente minoría. Puede ser. Pero aun en ese caso los efectos de este proceso no serán los mejores para la legitimidad del próximo presidente ni su margen de gobernabilidad. Dice al respecto Felipe Calderón que "no tengo preocupación en lo absoluto (de ejercer) una Presidencia sitiada. Estoy habituado a enfrentar desafíos... y superar los obstáculos que se nos presentan en el camino" (6/VIII/06). Si lo dice en serio, es que no sabe de lo que habla. En todo caso, resulta que a los ciudadanos sí nos preocupa ser gobernados por un presidente "sitiado" y poco legitimado, porque da la casualidad de que así la gobernabilidad se complica significativamente.
Así pues, la colisión parece inevitable. Y por eso muchos lamentan que no contemos con la figura de "segunda vuelta". En realidad, esta no garantiza que no vuelva a haber un resultado cerrado, pero sin duda ahora sería una válvula de salida al pantano político en que hemos caído, una esperanza de que en esa segunda ronda no habría un nuevo "empate técnico". ¿Contamos con un sustituto de esa fórmula? Con sus diferencias naturales, tenemos a la mano el interinato y la elección extraordinaria. Hasta hace poco evalué ese escenario como el peor posible, por los riesgos que supone. Pero viendo cómo degenera la situación, quizá sea un mal menor. Al menos, la anulación abriría un margen de tiempo y maniobra política para reconducir el sistema electoral, aprobar una reforma que en lo posible impidiera que se repita un proceso tan lamentable como el actual. Y con seguridad los respaldos y los votos se reacomodarían al grado en que un nuevo empate sería poco probable. Los partidos ni siquiera tendrían que ir con el mismo candidato, si eso no les conviniera (el PRI de seguro jugaría con un nuevo abanderado). Quien ganara esa elección extraordinaria tendría mayor legitimidad, reconocimiento y margen de maniobra que quien lo hiciera en esta fallida elección ordinaria.
Si la Constitución faculta al Tribunal a declarar la validez de la elección, se presupone que podría no hacerlo. Por otro lado, se dirá que la anulación era el propósito real del PRD desde el principio, y que por ello la respaldo. En realidad, poco me importa si esta opción le va bien a ese partido o a su candidato (probablemente no). Me preocupa en cambio que nuestra evanescente democracia electoral termine por desvirtuarse por completo y que nuestra estabilidad termine por ceder, víctima del choque de dos pandillas intransigentes, miopes y esencialmente antidemocráticas. Espero que el Tribunal perciba lo mismo y, conforme a ello, explore la viabilidad jurídica y conveniencia política de esta alternativa, que representa algo así como nuestra "segunda vuelta" emergente.
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